¿Cómo se cancelarán los pagos de ahora en más?

Al igual que las deudas bancarias, las pactadas entre particulares, tanto en dólares como en otra moneda extranjera, también se pesifican al valor uno a uno respecto de la moneda norteamericana.

Para el pago de las cuotas convertidas a pesos, se tomará como parámetro el valor de la última cuota saldada al momento de la publicación del decreto. Los pagos sucesivos tienen esta vez efecto cancelatorio, a diferencia de los previstos en la ley 25561 donde se los consideraba como pago a cuenta.

Por el artículo 4 del decreto 214, a las deudas se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, aún por reglamentar, que será fijado por el Banco Central y que comenzará a regir a partir de la fecha del dictado del decreto.

El mismo artículo prevé la aplicación de una tasa de interés máxima para los préstamos bancarios y privados, sujeta a un indicador inflacionario.

El artículo 8 del decreto intenta corregir esta situación desigual que parece cargar contra los acreedores en beneficio de los deudores. Expresa que, de darse un desequilibrio entre el valor de la cosa, el bien o la prestación del servicio al momento de pago, cualquiera de las partes puede solicitar un reajuste equitativo del precio. 

Por ejemplo, si un pintor no cobró por un trabajo realizado y una suba inflacionaria hace que ese valor acordado en el presupuesto se devalúe, éste puede acudir a la justicia para pedirle al juez un trato ecuánime. 

En los contratos de más de un año de duración, se podrá pedir un reajuste anualmente, salvo que el contrato fuese menor a un año o que la diferencia de los valores fuese muy desproporcionada.

¿Qué ocurre si las partes no llegan a un acuerdo?

Si acreedor y deudor no llegan a un arreglo, la justicia tendrá la última palabra. Pero no podrá pedir su intermediación el deudor que estuviera atrasado en el pago de las cuotas.

Si yo presté dólares, ¿por qué tendría que recibir pesos?

El planteo del acreedor es justo, y vale también para el deudor que, de mantenerles el valor de la cuota en dólares, estarían imposibilitados de pagarla.
Por esto, tanto unos como otros pueden plantear la vulneración del derecho de propiedad contemplado por el artículo 17 de la Constitución nacional. Porque a los dos los afecta la depreciación de su poder adquisitivo por igual.

Los que prestaron dinero mediante hipotecas en escribanías, son pequeños inversores que, en lugar de guardarlo en el circuito bancario, lo entregaron a particulares y que, muchas veces, cuentan con las cuotas de la deuda como único ingreso. Aquí, la relación acreedor - deudor es una relación entre dos débiles.

Distinta es la situación cuando se esgrime una relación desigual, como puede ser la de una entidad bancaria con un pequeño deudor, en la cual la primera se ve beneficiada por depósitos de grandes sumas de dinero que les produjeron sustanciosas ganancias.

En busca del equilibrio

Si la pérdida ocasionada por la devaluación del peso, es compensada por parte del gobierno con medidas económicas activas que no generen un proceso inflacionario, el acreedor no se perjudicaría demasiado con la posible pesificación.

Porque, por otra parte, si se le permitiera recibir el dinero en su moneda de origen (dólares) estaríamos hablando de un enriquecimiento sin causa del acreedor.

Pero si el dinero que prestó se deprecia y ya no le sirve para adquirir los mismos productos o servicios, el acreedor se convierte en la víctima de dicha relación contractual y en el único que debe pagar los costos.

Por lo tanto, para lograr un reparto salomónico de los sacrificios asumidos, la justicia tendrá que decidir sobre la base de la equidad, prevista en el artículo 16 de la Constitución. Y dar lo justo a cada uno.

¿Cómo puedo defender el valor de mi dinero?

El acreedor debería agotar la instancia de negociación con el deudor, el que también tiene reclamos legítimos para hacer, debido al aumento que experimentó su deuda en dólares. Como el deudor será beneficiado por el decreto 214 que licua sus deudas, será de dudoso resultado llegar a un acuerdo sin la intermediación de la justicia.

También puede optar por presentar una acción de amparo en un juzgado en lo contencioso administrativo federal. De ser desestimada, le quedará la vía judicial para plantear la defensa del valor del dinero que prestó.

¿Qué puedo fundamentar en una acción de amparo?

La violación al derecho de propiedad (en este caso, el valor de su dinero). Si bien la ley de amparo 16986, permite la presentación de esta acción contra actos de la administración, el acreedor de un contrato privado puede invocar el artículo 321 inciso 2 del Código Civil y Comercial, que prevé el amparo contra actos de particulares.

Dentro de la misma acción, si el acreedor se viera perjudicado con las nuevas medidas económicas (en este supuesto caso, en favor del deudor), podría invocar el ya mencionado artículo 16 de la Constitución Nacional, donde se establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Puede pedir la inconstitucionalidad del decreto 214 que, ante la imposición de una pesificación total de los préstamos privados, perjudica sobremanera los intereses de los acreedores particulares.

Reclamar en la justicia la continuidad de la instancia de negociación con la parte deudora, para fijar un nuevo valor de la cuota crediticia, y considerar como pago a cuenta (no cancelatorio) los meses abonados al valor uno a uno, de acuerdo a lo expresado por el artículo 11 de la ley 25561. 

Además de la acción de amparo, el damnificado puede presentar una acción declarativa, la cual se aplica "para hacer cesar un estado de incertidumbre", según el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con ella, se le pide al juez que se realice el pago del préstamo otorgado, no ya no en moneda extranjera, sino a un valor reprogramado que pueda salvaguardar el desequilibrio que produjo la pesificación.

¿Puedo hacerle juicio al Estado por las pérdidas que me ocasionó?

Sí. En este caso, el acreedor podría exigir en una acción por daños y perjuicios, un resarcimiento acorde al monto que perdió de percibir como consecuencia de una medida gubernamental que atentó contra sus intereses erosionando sus ingresos.